Sawt Falasteen - Diez años después del drama de Bangladés, la industria textil sigue con margen para mejorar

El 24 de abril de 2013, el hundimiento de una fábrica textil en Bangladés desveló a los países occidentales las condiciones indignas en las que esos más de 1.130 trabajadores muertos producían la ropa que luego se exponía en sus tiendas.

Un enorme edificio gris hundido, cuerpos inertes y envueltos en polvo, personas mutiladas... Las imágenes del Rana Plaza, que acogía en Daca talleres de confección para varias grandes marcas occidentales como Benetton, Primark, Walmart, Auchan o C&A conmocionaron a la opinión pública internacional.

Este "Titanic de la moda" como lo calificó Catherine Dauriac, presidenta de Fashion Revolution France, surgido de un colectivo internacional creado tras la catástrofe, fue el catalizador de una ley francesa pionera que en 2017 estableció el deber de vigilancia de las empresas sobre sus plantas de producción.

La Unión Europea trabaja en una legislación similar centrada en las violaciones de los derechos humanos y sociales y los daños ambientales provocados por las empresas europeas en su cadena de producción.

La ley francesa permite "atribuir la responsabilidad a las empresas matrices por las actividades de sus filiales en el extranjero" e impone a los grupos establecer, implementar y hacer público un plan de control, explica Sandra Cossart, directora de la oenegé Sherpa que defiende a las víctimas de "crímenes económicos".

"En caso de que no se respete, la responsabilidad civil de la empresa puede verse comprometida", afirma.

Varias oenegés lanzaron acciones judiciales contra grupos como Casino, Yves Rocher o Suez.

Pero una primera decisión judicial en febrero desestimó las asociaciones que se querellaron contra TotalEnergies por un megaproyecto petrolero en Uganda y Tanzania.

- Faltan firmantes -

En Bangladés, un mes después de la catástrofe, sindicatos y multinacionales del textil firmaron un acuerdo sobre la vigilancia de la seguridad en las fábricas de confección. Desde 2023 se extendió también a Pakistán.

Bajo el auspicio de la Organización Internacional del Trabajo, este pacto obliga a unos 200 firmantes (entre ellos Zara, H&M, Primark o Uniqlo) a financiar un sistema independiente de inspección de fábricas, explica Nayla Ajaltouni, delegada general del colectivo Ética en la Etiqueta.

Desde 2014, 1.600 fábricas han sido renovadas y protegidas en Bangladés, alrededor de la mitad del parque, según ella.

Pero algunos grandes grupos como Walmart, Ikea, Amazon, Levi's o Auchan no han firmado el acuerdo, denuncia Ajaltouni.

Contactado por AFP, el grupo español Inditex, matriz de Zara que cuenta con 930.000 obreros en empresas locales que trabajan para él, afirma que ya antes de esa tragedia realizaba auditorías entre sus proveedores y que después las incrementó.

También recuerda que, al igual que H&M y Uniqlo, no contaba con talleres de confección en el Rana Plaza.

El gigante sueco asegura a su vez que desde 2013 hace públicas las informaciones respecto a sus fábricas asociadas.

Y el japonés Uniqlo destaca un programa de formación lanzado en 2019 para las mujeres que quieren convertirse en supervisoras en Bangladés con el respaldo de ONU Mujeres.

De su lado, el irlandés Primark asegura que continúa respaldando financieramente a cientos de víctimas, con un monto de "más de 14 millones de dólares hasta ahora".

La empresa asegura además que realizó 2.400 auditorías en 2021.

- Auditorías discutibles -

Pero este "recurso masivo a las auditorías sociales" tiene "límites", dice Laura Bourgeois, encargada de los litigios en Sherpa.

Además del vínculo financiero entre el auditor y la multinacional que solicita la inspección, esta responsable denuncia la organización de entrevistas entre auditores y obreros "en la fábrica o en presencia del administrador" o "auditorías amañadas con las fábricas".

También señala que hay un lapso entre el anuncio de la auditoría y la implementación efectiva de las medidas de corrección.

Para Nayla Ajaltouni, la emergencia reciente de la moda ultrarrápida y sus productos de coste todavía más bajos es "la señal del fracaso de la responsabilidad social de las empresas".

"SheIn es la ilustración de la ausencia de regulación en la moda", afirma.

Este vendedor en línea de China, que desafía a las marcas de la moda rápida con prendas muy baratas, recibe regularmente críticas por las condiciones de fabricación de sus productos. Contactada por la AFP, no respondió a las solicitudes de comentario.

Sandra Cossart arremete contra las empresas que realizan "un doble juego, apareciendo respetuosas (...) pero destinan enormes recursos, financieros y humanos, a través de sus grupos de presión para desbaratar estas legislaciones".

Escrutadas por la sociedad civil, "han tomado conciencia" de que deben cambiar, pero jurídicamente "todavía es prematuro decir" que son más responsables.

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T.Samara--SF-PST