Sawt Falasteen - El fracaso del modelo de salud del magisterio y el fin del contrato con Fiduprevisora

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado el cese definitivo del modelo de salud para el magisterio colombiano administrado por la entidad Fiduprevisora, una decisión que pone punto final a un esquema piloto iniciado en mayo de 2024 y que ha generado un déficit financiero crítico. La medida responde a las evidencias de irregularidades, cuantiosas pérdidas de recursos y la deteriorada prestación de servicios que caracterizaron esta gestión.

El nuevo régimen entró en vigor el primero de mayo de 2024, bajo el mandato del entonces presidente Gustavo Petro y con la promesa del entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de que serviría como ejemplo nacional para la reforma sanitaria. Sin embargo, los resultados operativos y financieros han sido calificados por la administración actual como un fracaso sonoro. El déficit acumulado del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) asciende a 2,7 billones de pesos, mientras que las deudas pendientes con clínicas y hospitales superan los 2,4 billones. Además, el patrimonio neto de la entidad se ha vuelto negativo, alcanzando una cifra de 3,2 billones de pesos.

El cambio estructural implicó pasar de diez operadores de salud a dos, centralizando la gestión de cerca de 820.000 maestros y sus beneficiarios en Fiduprevisora. El fondo administraba recursos por un total de 21,3 billones de pesos al cierre de 2025. Según el gobierno actual, este esquema no solo empeoró la atención médica y disparó los costos de medicamentos, sino que también facilitó supuestos repartos políticos de los fondos, beneficiando a figuras políticas, abogados y personas vinculadas a la estructura de poder de la entidad.

El presidente De la Espriella ha declarado que "se acaba el festín con los recursos de los maestros" y confirmó que no se prorrogará el contrato con Fiduprevisora. Para iniciar el proceso de saneamiento financiero, se llevará a cabo una auditoría forense destinada a identificar las irregularidades específicas en la gestión anterior. La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, ha garantizado que durante el periodo de transición, que iniciará el primero de noviembre y durará un año, se mantendrán la atención médica y el pago de prestaciones, incluidas pensiones y cesantías.

Durante este proceso de un año, se abrirá una licitación pública para contratar un nuevo operador, en la cual Fiduprevisora no podrá participar. Este proceso contará con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia Nacional de Salud. La decisión ha generado un debate sobre la sostenibilidad del régimen especial de los maestros en un contexto fiscal limitado.

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que respaldó inicialmente al gobierno de Petro aportando 500 millones de pesos a su campaña presidencial, se encuentra en una posición crítica. Los educadores han sido históricamente activos en la movilización social y es probable que retomen las protestas, especialmente ante la convocatoria de la izquierda para el 19 de noviembre contra la Ley de Rescate y las políticas del actual gobierno.

Analistas y críticos señalan que el problema subyacente no es solo la gestión de Fiduprevisora, sino la dificultad estructural de sostener un régimen especial de salud en un momento donde las finanzas públicas están al límite. Se argumenta que prometer beneficios sin capacidad de financiamiento genera crisis posteriores, y que desmantelar el sistema abruptamente afecta a cientos de miles de familias. La situación exige una revisión rigurosa de los proveedores y la nueva contratación para evitar que los costos recaigan desproporcionadamente sobre el resto de la población colombiana a través de los impuestos.

R.AbuNasser--SF-PST