Sawt Falasteen - "No somos terroristas, somos serranos, campesinos", afirma esposa de fallecido en protestas en Perú

Citando el caso de Bárcena, la oenegé Amnistía Internacional (AI) advirtió este jueves que "en Perú se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión violenta estatal en contra de protestas sociales".

"No somos terroristas, somos serranos, campesinos que nos dedicamos a la chacra (ndlr: huerto)", subrayó Bárcena, cuyo esposo, Leonardo David Hancco, de 32 años, murió el 17 de diciembre tras ser herido en una protesta contra la presidenta Dina Boluarte en la ciudad de Ayacucho, a 550 km de Lima, en el sur del país.

Las protestas estallaron hace más de dos meses en exigencia de la renuncia de Boluarte y la convocatoria a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente. Durante estas manifestaciones han fallecido 48 civiles en enfrentamientos con cuerpos de seguridad.

Según AI, "las autoridades habrían actuado con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas".

El grueso de los fallecimientos tuvo lugar en zonas andinas del sur y suroeste, marcadas por grandes brechas sociales. "La represión letal es otra muestra del desprecio hacia la población Indígena y campesina" por parte de la policía, dijo la organización humanitaria.

"Se trata de ataques generalizados contra la población con la intención de castigar y silenciar a aquellas personas que ejercen su legítimo derecho", afirmó a la prensa Érika Guevara, directora para las Américas de AI.

"Estos crímenes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales", y sus responsables no solo serían quienes "jalaron el gatillo" sino quienes "dieron la orden", resaltó.

La representante regional de AI se reunió este miércoles con Boluarte, a la que presentó evidencias de que agentes de seguridad hicieron uso excesivo y letal de la fuerza.

El martes organizaciones de derechos humanos informaron que denunciaron penalmente a Boluarte, sus ministros y a jefes policiales por la muerte de seis personas durante protestas ocurridas en diciembre en la región de Apurímac.

Otra investigación fiscal busca determinar si fuerzas de seguridad asesinaron a manifestantes el 15 de diciembre en Ayacucho.

M.AlAhmad--SF-PST