Sawt Falasteen - Alfonso Muñoz: La razón oculta por la que se deniega la jubilación anticipada con 40 años cotizados

La posibilidad de acceder a una jubilación anticipada voluntaria en España no depende exclusivamente del cumplimiento de los requisitos de edad y años cotizados. Existe un condicionante económico recogido en la legislación que ha provocado el rechazo de numerosas solicitudes, incluso entre trabajadores con trayectorias laborales extensas. Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social especializado en pensiones, ha identificado este mecanismo como una barrera silenciosa para muchos jubilados potenciales.

Muñoz relata que ha atendido personalmente a varios casos en los que se denegó la pensión de jubilación anticipada por un motivo del que los solicitantes nunca habían oído hablar. Se trata de una condición económica establecida en el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social. Para acceder a esta modalidad, la cantidad mensual calculada tras aplicar los coeficientes reductores debe superar un mínimo determinado por la situación familiar del interesado.

El especialista aclara que "el importe de la pensión resultante debe ser superior a la cuantía de la pensión mínima que le correspondería al interesado en función de su situación familiar al cumplimiento de los 65 años". Por tanto, es posible cumplir con todas las condiciones de edad y cotización y recibir igualmente una resolución desfavorable si la pensión calculada resulta demasiado baja para el núcleo familiar.

Muñoz advierte que "es precisamente este último requisito el que está dando lugar a la denegación de muchas jubilaciones anticipadas voluntarias". Para ilustrar su aplicación, expone el caso real de un trabajador de 63 años que había cotizado durante cuatro décadas y solicitó su retiro anticipado. Este hombre vivía con su esposa, quien carecía de ingresos y no cobraba ninguna pensión.

A pesar de tener los años suficientes, la Seguridad Social calculó que su prestación mensual sería de 1.058 euros tras aplicar los coeficientes reductores correspondientes al adelanto. Esta cantidad resultaba inferior a la pensión mínima exigida para su situación familiar en ese momento. En 2025, la pensión mínima de jubilación para una persona de 65 años con cónyuge a cargo era de 1.127,60 euros mensuales. El trabajador del ejemplo habría cobrado 69,60 euros menos que el umbral legal.

La Seguridad Social rechazó su solicitud porque la prestación calculada no superaba ese mínimo. Muñoz señaló que "precisamente ese es el motivo de la denegación". Este caso plantea una diferencia significativa entre trabajadores que han cotizado durante el mismo número de años, ya que la cuantía de la pensión y las circunstancias familiares pueden determinar si se autoriza el adelanto.

El funcionario cuestionó especialmente que una persona sin ingresos en su hogar pudiera encontrarse con esta limitación. La situación económica de la pareja influye decisivamente a la hora de decidir si una persona puede jubilarse anticipadamente. Para comprobarlo, la Seguridad Social tiene en cuenta la pensión mínima que le correspondería según su situación familiar.

En 2025, esa cantidad era de 874,40 euros al mes para una persona de 65 años sin cónyuge y de 830 euros para una persona con pareja que no dependía económicamente de ella. Sin embargo, si tenía un cónyuge a cargo, el mínimo subía hasta los 1.127,60 euros mensuales.

Muñoz explica que "se considera que un pensionista tiene cónyuge a cargo cuando no percibe pensión y cuando los rendimientos de cualquier naturaleza de ambos resulten inferiores a 10.723 euros anuales". Esto significa que dos personas con la misma pensión calculada pueden recibir respuestas diferentes al solicitar la jubilación anticipada voluntaria.

Por ejemplo, una persona cuya pareja no trabaja puede tener que superar una pensión mínima más alta que otra cuya pareja sí tiene ingresos. Muñoz criticó esta diferencia y se preguntó por qué podía rechazarse la jubilación de una persona con una pareja sin ingresos mientras se aceptaba la de otra cuya pareja trabajaba: "¿Cómo es posible que a ese pensionista que no tienen ingresos, que su mujer no trabaja, se le deniegue la pensión de jubilación anticipada y aquel pensionista que no tiene cónyuge porque su mujer está trabajando o tienen ingresos superiores se le conceda?".

Así, una misma cantidad de pensión puede ser suficiente en un caso e insuficiente en otro, dependiendo de la situación económica familiar. La legislación española contempla distintas formas de adelantar la jubilación y establece requisitos diferentes según las circunstancias del trabajador, incluida la posibilidad de jubilarse a los 56 años con el 100% de la pensión para determinadas personas con discapacidad.

Muñoz explica que "en nuestro país existen varias modalidades de jubilaciones anticipadas, pero las más comunes son la involuntaria y la voluntaria". La jubilación anticipada voluntaria, regulada en el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social, permite adelantar el retiro hasta dos años respecto a la edad ordinaria correspondiente.

Para solicitarla se necesitan, con carácter general, al menos 35 años cotizados, estar en alta o en una situación asimilada y acreditar que al menos dos años de cotización se encuentran dentro de los quince anteriores al momento exigido por la normativa. Por su parte, la jubilación anticipada involuntaria está regulada en el artículo 207 de la misma ley y permite adelantar el retiro hasta cuatro años cuando el trabajador ha perdido su empleo por determinadas causas ajenas a su voluntad.

Entre ellas figuran los despidos colectivos y los despidos por causas objetivas contemplados legalmente. Esta modalidad exige, con carácter general, al menos 33 años cotizados y haber estado inscrito como demandante de empleo durante los seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud. En los supuestos en los que la ley lo exige, también debe acreditarse el cobro de la indemnización correspondiente o la presentación de una reclamación judicial para exigirla.

Antes de solicitar una jubilación anticipada voluntaria, el trabajador puede consultar su vida laboral para revisar los periodos cotizados y comprobar la edad ordinaria que le corresponde. También puede utilizar el simulador de jubilación de la Seguridad Social para obtener una estimación de la fecha de retiro y de la pensión que cobraría después de aplicar las reducciones.

Resulta útil revisar los datos personales y laborales que aparecen en la simulación, especialmente cuando existen periodos de trabajo en diferentes empresas o interrupciones en la cotización. Una vez calculada la pensión prevista, conviene identificar la categoría familiar que corresponde al solicitante y comparar el importe con la pensión mínima aplicable al cumplir los 65 años.

Si la estimación queda por debajo del límite exigido, puede estudiarse una fecha posterior de jubilación y calcular de nuevo la prestación. Cuando ya existe una resolución denegatoria, es posible revisar el motivo concreto que figura en ella, conservar la notificación y comprobar los plazos y procedimientos de reclamación indicados por la Seguridad Social.

E.Aziz--SF-PST