Sawt Falasteen - El independentista catalán Puigdemont critica duramente al Supremo español, que rechazó amnistiarlo

El juez del Supremo a cargo de este caso, Pablo Llarena, determinó el 1 de julio que la amnistía para los separatistas catalanes impulsada por el gobierno del socialista Pedro Sánchez no aplicaba al delito de malversación que pesa sobre Puigdemont.

Quien fuera el presidente de Cataluña cuando la región intentó separarse de España en 2017, iba a ser el principal beneficiado de la amnistía, con la cual esperaba poder retornar a España tras siete años de haberse ido del país para evadir la justicia española.

El juez amnistió el delito de desobediencia de Puigdemont, pero no el de malversación, al estimar que sí hubo "un beneficio personal" y que sus actos afectaron "a los intereses financieros de la Unión Europea", las dos excepciones que preveía la ley.

Pero para Puigdemont, el juez Llarena incurre en una "grotesca arbitrariedad", según señala en el recurso que presentó este lunes su abogado, Gonzalo Boye, al que tuvo acceso AFP.

"Contrariamente a lo que, con mendacidad, sostiene" el juez "para tratar de dar apariencia de juridicidad a lo que no es sino absoluta arbitrariedad, no ha existido (...) propósito de enriquecimiento de ninguna clase" ni "se ha afectado, en modo alguno, a los intereses financieros de la Unión Europea", afirma el texto.

La decisión de Llarena, que ya fue también recurrida por la Fiscalía, es "absurda, arbitraria, ilógica e irracional", concluye el escrito, que ahora deberá ser estudiado por el Supremo.

La polémica Ley de Amnistía, aprobada definitivamente por el Parlamento español el 30 de mayo, fue el precio que pagó Pedro Sánchez para ser reelegido como presidente del gobierno en noviembre, gracias al apoyo de los partidos independentistas catalanes.

Durante su tramitación, varios jueces mostraron sus reticencias frente a la amnistía, muy criticada por la oposición de derecha y de extrema derecha que la consideran inconstitucional.

Puigdemont también es investigado en España por terrorismo, por su papel en la ola de altercados de 2019 en las calles catalanas, pero esta causa quedó en el aire este lunes.

La Audiencia Nacional, una alta jurisdicción madrileña, ordenó que, debido a un error procesal, todas las diligencias en ese caso posteriores a 2021 fueran anuladas, y la imputación contra Puigdemont es de 2023.

Según la prensa española, el tribunal que lleva la causa contra el independentista catalán deberá decidir ahora si la archiva.

R.Halabi--SF-PST