Sawt Falasteen - Salud o desarrollo económico: la encrucijada de una ciudad minera de Perú

"La gran mayoría de la población estamos deseosos y esperando desde hace mucho tiempo que esto vuelva a reactivarse, porque esta es la fuente de vida", dijo a la AFP Hugo Enrique, un taxista de 48 años.

La Oroya, ubicada a 175 kilómetros al este de Lima, agoniza desde 2009, conforme se despuebla y el comercio cae por la quiebra ese año del enorme complejo metalúrgico que fue eje de su economía desde 1922.

En casi un siglo procesó cobre, zinc, plomo, plata, oro, bismuto, indio, telurio, antimonio y selenio que provenían de minas aledañas.

Hoy, en esta ciudad de unos 20.000 habitantes, casas abandonadas y tiendas vacías se agrupan alrededor de la emblemática chimenea de 167 metros, una de las más altas de Sudamérica. Cerros sin vegetación rodean el casco urbano construido a unos 3.750 metros sobre el nivel del mar.

La economía de La Oroya puede revivir en 2023 si el complejo metalúrgico reabre, como anunciaron sus extrabajadores en octubre tras convertirse en los nuevos propietarios.

¿Pero a qué costo?

Manuel Enrique Apolinario, un profesor de 68 años que ha vivido frente a la fundición en una casa de madera y ladrillos desde 1975, dijo a la AFP que su organismo tiene niveles de plomo, arsénico y cadmio.

"Aquí el trabajador o el comerciante pareciera que se había acostumbrado a esa modalidad de vida dentro de humo y gases tóxicos", señaló. "Toda una vida aquellos que hemos vivido acá hemos estado mal con casos gripales y bronquitis, sobre todo respiratorios".

Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en 2013, el 97% de los niños entre seis meses y seis años, y el 98% de los de entre siete y 12 años, tenía niveles elevados de plomo en la sangre.

- "Responsabilidad ambiental" -

La fundición de La Oroya empezó a operar el 23 de noviembre de 1922 bajo la estadounidense Cerro de Pasco Corporation. En 1974 fue estatizada y en 1997 se privatizó pasando a manos de Doe Run, del estadounidense grupo Renco.

En junio de 2009, Doe Run paralizó las labores por incumplir un programa de protección ambiental y se declaró insolvente.

Ahora, bajo el nombre de Metalurgia Business Perú, 1.270 extrabajadores de Doe Run apuestan a reabrir en marzo el complejo de 19.000 hectáreas, con el compromiso de no contaminar.

"Vamos a operar con consentimiento de nuestra población, con responsabilidad social y ambiental", dijo a la AFP Luis Mantari, flamante propietario.

"Lo que queremos es que este complejo único en Sudamérica cumpla 100 años más", enfatizó José Aguilar, jefe de Recursos Humanos.

Unos 14 millones de toneladas de desechos o escoria de cobre y plomo se almacenan en el sitio en espera de conversión.

"Nosotros, que hemos luchado contra la contaminación, nunca nos hemos opuesto a que la empresa funcione. Que se reactive con un plan ambiental", afirmó Pablo Fabián Martínez, de 67 años.

"Quisiera que se reabra porque sin la empresa La Oroya perdió toda su economía", añadió Rosa Vílchez, una comerciante de 30 años cuyo esposo debe laborar en otra ciudad a causa del cierre.

- Respetar la salud -

En 2011, La Oroya figuraba como la segunda ciudad más contaminada del mundo, dos años después había caído al quinto lugar, según el Instituto Blacksmith, una oenegé conservacionista con sede en Nueva York. Se codeaba con Chernóbil, tras el desastre nuclear en Ucrania, o con el vertedero de desechos químicos de Dzerzhinsk en Rusia.

Pero desde el cierre de la fundición, las concentraciones de gases tóxicos han disminuido significativamente, según grupos ambientalistas.

José de Echave, director de la oenegé CooperAcción, consideró "legítima la expectativa de los trabajadores", pero advirtió que "no se puede pensar crear una fuente de trabajo a costa de un impacto importante en los ecosistemas".

En 2006, un grupo de habitantes de La Oroya denunció a Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar su derecho a la salud. En 2021, la CIDH responsabilizó al Estado peruano y remitió el caso a la Corte Interamericana (CorteIDH), cuyos fallos son vinculantes, que aún debe pronunciarse.

Los demandantes alegan que no se fiscalizó a las empresas que controlaron la fundición, permitiendo altos niveles de contaminación en detrimento de la población.

"Somos conscientes que el complejo metalúrgico es una fuente de trabajo. Nosotros no negamos eso", dijo a la AFP Yolanda Zurita, una de las litigantes, quien siembra árboles para aminorar la contaminación.

"Pero una fuente de trabajo deber ser respetando la salud de la población", afirmó.

L.Hussein--SF-PST