Sawt Falasteen - Sunak defiende ante el ala derecha de su partido su plan de expulsiones a Ruanda

El primer ministro Rishi Sunak, en el poder desde octubre de 2022, considera como una prioridad la reducción de la inmigración y este plan para expulsar a Ruanda de extranjeros llegados de forma irregular al Reino Unido es una importante baza electoral.

Sunak se juega mucho en este proyecto de ley en un año de elecciones. Los conservadores no logran reducir la diferencia desfavorable en las encuestas, que dan como ganador por un amplio margen al laborista Keir Starmer.

Tras su aprobación inicial en diciembre, el proyecto de ley comenzó este martes a ser examinado durante dos días en la Cámara de los Comunes.

Alrededor de sesenta diputados del partido conservador quieren introducir enmiendas, al considerar que el texto de expulsión de los inmigrantes irregulares no va lo suficientemente lejos.

En el caso de que 29 diputados conservadores voten en contra del proyecto de ley el miércoles o que 57 se abstengan, Sunak perdería su apuesta.

Este proyecto de ley pretende responder a las objeciones del Tribunal Supremo británico, que consideró que era ilegal en su versión anterior.

Sunak debe hacer malabarismos en estos debates para mantener a su lado al ala derecha de su partido, sin perder el apoyo de los más moderados.

Dos vicepresidentes del partido conservador, Lee Anderson y Brendan Clarke-Smith, anunciaron el lunes su apoyo a las enmiendas defendidas por los que rechazan el proyecto en su actual borrador.

A ellos se ha unido el ex primer ministro Boris Johnson, que no es diputado y no puede votar el miércoles, pero que ha mostrado su apoyo a los rebeldes.

Tras ser anunciado en abril de 2022 por el gobierno de Johnson, el proyecto fue bloqueado primero por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y después por la justicia británica, que lo declararon ilegal.

Tratando de salvar el plan, el nuevo texto define a Ruanda como un país seguro y prohíbe que los migrantes sean expulsados desde allí a su país de origen.

El nuevo texto propone no aplicar ciertos puntos de la ley británica de derechos humanos, para limitar los recursos legales.

O.Farraj--SF-PST